¿Qué reglas cambiaron?

Por el decreto 697/2026, publicado en el Boletín Oficial el 3 de agosto, el Gobierno disolvió el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), que funcionaba bajo la Anmat, y traspasó al Senasa el registro, control y fiscalización de alimentos, incluidos los alimentos acondicionados para consumo directo —los procesados— que antes no eran de su competencia.⤺ venía de antes

El Ministerio de Salud queda con la rectoría de política alimentaria, con foco inicial en eliminar colorantes y saborizantes. Se reconocen por equivalencia certificaciones de aditivos e ingredientes de países con sistemas reconocidos o que aplican el Codex, se crea una Base Única de Datos en el Senasa y se fija un plazo máximo de 45 días hábiles para actualizar el Código Alimentario Argentino.

El organismo que fiscaliza la producción animal pasa a controlar también los alimentos procesados, y toda la política de inocuidad queda concentrada en una sola autoridad que la propia industria está pidiendo desregular.

Cuatro días después del decreto, la resolución 135/2026 incorporó al listado de aranceles del Senasa los trámites de alimentos que se pagaban ante el INAL.

Los montos se mantienen casi iguales salvo el aviso de importación de alimentos para uso industrial (UPEI), que dejó de ser ad valorem —entre 1,5% y 1,25% del precio FOB— y pasó a un monto fijo de 52.500 pesos.

Un arancel fijo abarata proporcionalmente las importaciones grandes y encarece las chicas, con lo que la simplificación del control alimentario tiene además un sesgo de escala.

El anteproyecto de Ley de Desregulación de Sturzenegger transforma en voluntarios los aportes obligatorios al IPCVA creados por la ley 25.507.⤺ venía de antes

El secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, lo ratificó en el Congreso Aapresid: sostuvo que no se discute la promoción sino el carácter del aporte, y admitió que en un esquema voluntario algunos aportarían más y otros menos. La cadena respondió en bloque —CAFRISA, CICER, AFIC, Mesa de Enlace— con la advertencia de que el arancelamiento voluntario significaría la eliminación del organismo, mientras CAINCA lo defendió en nombre de la libertad y la propiedad privada.

Si el aporte se vuelve voluntario desaparece el único fondo estable que sostiene la promoción del consumo de carne vacuna y la información pública sobre la cadena.

El paquete de desregulación sanitaria de la aftosa quedó descripto en detalle: se simplificó la importación de vacunas, se cambió el esquema de inoculación —en la segunda campaña del año se vacuna sólo a terneros y terneras, ya no a novillos, vaquillonas ni novillitos—, se bajó la cantidad de aplicaciones anuales y se liberará la aplicación a veterinarios privados a partir de 2027.⤺ venía de antes

A eso se sumó la aprobación por el Senasa de Aftogán, del laboratorio colombiano Vecol. CRA respondió que el estatus sanitario no admite improvisaciones y que todo cambio debe apoyarse en evidencia científica y consenso técnico.

Se está desarmando el sistema de vacunación obligatoria y colectiva de la principal enfermedad del ganado argentino, y la disputa es sobre qué evidencia respalda ese desarme.

El nuevo Sistema Integrado de Gestión de Trazabilidad de Productos Veterinarios (Sigtrazavet) abrió un frente de conflicto para el Senasa.⤺ venía de antes

Alcanza a importadores, fabricantes, distribuidores, comercios y profesionales veterinarios y hasta a los tenedores de productos. Trece entidades de la actividad ecuestre pidieron excluir a los caballos deportivos, y ocho entidades rurales del norte bonaerense ya habían escrito a la presidenta del Senasa, María Beatriz Giraudo, sosteniendo que la medida implica mayores costos y contradice la simplificación administrativa oficial. El rechazo se apoya sobre todo en que se implementó sin consulta previa, aunque distintos laboratorios venían reclamando un sistema contra medicamentos de origen dudoso y contra la resistencia antimicrobiana.

La trazabilidad de antibióticos y productos veterinarios es la herramienta que permitiría saber qué se les aplica a los animales, y está siendo resistida por el mismo sector que dice cuidar el estatus sanitario.

Fariña describió en Aapresid el método de desregulación: un digesto normativo que estaría listo en tres o cuatro meses para impactar desde 2027, con revisión por temáticas de las normas del Senasa y 50 normas derogadas el mes anterior.⤺ venía de antes

También anunció la reforma de la Ley de Cabotaje para abaratar la logística fluvial, la reformulación de leyes de financiamiento de 1940 que traban warrants y pagarés, y una modificación de la Ley de Seguros para que no se necesite aprobación estatal por cada producto nuevo. El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, acompañó: dijo que fue víctima del sistema regulatorio y que ahora el Estado no tendrá gente redactando resoluciones sino chequeando que tengan sentido.

Se está reescribiendo de manera sistemática el cuerpo normativo que regula la producción animal, con un criterio explícito de eliminar antes que revisar.

El diputado bonaerense Luciano Bugallo (Coalición Cívica) presentó un proyecto de ley para prohibir de forma expresa y definitiva la caza de animales silvestres en todo predio privado de la provincia de Buenos Aires.⤺ venía de antes

El proyecto apunta a las cuadrillas que cazan con perros galgos, y responde a un reclamo del Foro de Seguridad Rural Argentino formulado en junio. El encuadre del proyecto es la seguridad rural: ingresos ilegales a campos, grupos organizados que operan de noche y riesgo para familias rurales.

Es la única iniciativa legislativa de la semana que prohíbe matar animales, y llega argumentada por la seguridad de las personas y no por los animales cazados.

En el norte de Salta, la recategorización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos dejó en categoría marrón tierras que estaban en amarillo, lo que habilita desmontes bajo el sistema de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI).⤺ venía de antes

Las comunidades denuncian que no existen registros accesibles que confirmen los permisos que la empresa dice tener. Además, la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, que durante su vigencia daba herramientas legales para defender la posesión ancestral, está derogada.

La misma figura que se presenta como ganadería compatible con el bosque es la que habilita legalmente el desmonte, y las comunidades quedaron sin la herramienta jurídica que las amparaba.

El Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido (Defra) reconoció a la Argentina como país libre de Influenza Aviar Altamente Patógena y levantó las restricciones a la importación de productos avícolas argentinos.⤺ venía de antes

Los productos cárnicos de aves de corral y de caza criadas en granja —incluidas las ratites— pasaron de categoría de tratamiento sanitario 'D' a 'A', lo que elimina el requisito de tratamiento térmico. La habilitación rige para productos elaborados después del 29 de abril de 2026.

El levantamiento de la barrera sanitaria es la condición que reactiva la faena avícola para exportación, en un momento en que la principal procesadora del país está parada.