¿Qué reglas cambiaron?

El anteproyecto de Ley de Desregulación de Federico Sturzenegger propone que los aportes de la cadena de ganados y carnes al IPCVA pasen de obligatorios a voluntarios, lo que el sector lee como el cierre del instituto.

Esta semana se sumó al rechazo la Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne (AFIC), que reúne plantas de Córdoba, Catamarca y Santiago del Estero y no había firmado el documento previo de la Mesa de Enlace y cinco cámaras frigoríficas. También se pronunciaron FIFRA, por su vicepresidente Daniel Urcía, y la Federación Agraria. El IPCVA se financia con aportes privados sobre la faena y la exportación creados por la Ley 25.507.

Está en discusión la existencia del organismo que financia la promoción del consumo de carne vacuna dentro y fuera del país, sostenido con un aporte obligatorio por animal faenado.

El mismo anteproyecto deroga en su artículo 39 la Ley de Arrendamientos Rurales 13.246 (1948) y su modificatoria 14.432 (1955): los contratos de alquiler de campos y aparcerías pasarían a regirse por el Código Civil y Comercial.

La presidenta de la Federación Agraria, Andrea Sarnari, lo rechazó por escrito y en entrevista. Advirtió que desaparecerían los contratos accidentales, por cosecha y de pastoreo, que contemplan los ciclos biológicos, y que todo iría a un piso de tres años; también quedarían fuera del marco las aparcerías pecuarias, donde uno pone el campo y el otro los animales.

El contrato de pastoreo es la figura legal con la que se mueven animales entre campos ajenos, y su desaparición reordena quién responde por ellos.

Por la Resolución 679/2026, el Senasa dio 90 días corridos desde el 30 de julio a todos los titulares de Renspa con más de un año sin actualizar: quien no lo haga antes del 28 de octubre será dado de baja y no podrá realizar actividades que requieran intervención del organismo.

El apuro tiene destino: el Renspa es la base del sistema de trazabilidad georreferenciada Visec Carne, con el que la Argentina pretende seguir exportando carne a la Unión Europea bajo el reglamento antideforestación 1115, que rige desde el 30 de diciembre de 2026 y exige hacienda trazada del campo al puerto. Visec Carne cruza los polígonos del establecimiento con áreas protegidas, registros de comunidades indígenas y cumplimiento laboral. En paralelo, el Senasa avanza con la caravana electrónica para trazabilidad individual.

Se está montando el registro que permitirá, por primera vez, seguir a un animal desde el potrero hasta el puerto, y ese dato existe para el mercado europeo antes que para cualquier otro uso.

La Resolución 654/2026 creó el SIGTRAZAVET, sistema oficial para trazar medicamentos veterinarios desde su elaboración o importación hasta su aplicación en el animal, con receta veterinaria electrónica obligatoria.

Publicada sin explicación, generó tal reacción empresaria que el Senasa salió una semana después a aclarar que la incorporación será gradual y por producto, a criterio de la Dirección Nacional de Sanidad Animal y con consenso de los sectores. La lista inicial prevista incluye psicotrópicos como la ketamina, hormonales como el estradiol, antimicrobianos de reserva para salud humana y biológicos como la vacuna antiaftosa.

Por primera vez habría un registro estatal de qué fármacos, hormonas y antibióticos se aplican realmente a los animales de producción, si sobrevive a la presión del sector.

El Senasa aprobó la venta de Aftogán, vacuna antiaftosa del laboratorio colombiano Vecol, de mayoría estatal y principal proveedor de Uruguay con 6 millones de dosis anuales.

Es por ahora sólo autorización de venta: el mercado local sigue abastecido por Biogénesis Bagó y CDV. Sturzenegger, que impulsó personalmente la gestión ante Senasa, lo celebró como avance competitivo pese a la paradoja de recurrir a una empresa estatal del gobierno de Gustavo Petro. La cruzada ya había producido dos cambios mayores: una sola campaña obligatoria de vacunación al año en vez de dos, y la apertura de la aplicación a veterinarios privados en lugar de las Fundaciones.

Cambian a la vez el precio, la frecuencia y quién aplica la única intervención sanitaria masiva sobre el rodeo bovino argentino.

En cuatro días la Argentina recuperó dos mercados avícolas.

El lunes 27 la Unión Europea publicó el Reglamento de Ejecución 2026/1813, que habilita el reingreso de carne aviar fresca desde el 17 de agosto tras reconocer al país libre de influenza aviar altamente patógena. El jueves 30, el DEFRA británico hizo lo propio con fecha de apertura retroactiva al 29 de abril y bajó la categoría de tratamiento sanitario de D a A, eliminando la exigencia de tratamiento térmico. CEPA espera además que Corea del Sur reabra el 5 de agosto y considera que sólo queda China, donde la definición sería política. La reapertura europea permite usar la cuota preferencial de 20.000 toneladas del acuerdo Mercosur-UE.

Se rehabilita la exportación de aves faenadas a los mercados más exigentes justo cuando entra en vigor la cuota del acuerdo con la UE, lo que empuja la producción avícola nacional.

Salta actualizó su ordenamiento territorial de bosques nativos y habilita hasta dos millones de hectáreas antes restringidas, con el objetivo declarado de duplicar el stock ganadero provincial de 1,1 a 2 millones de cabezas.

La reconversión se apoya en tecnología satelital y en la reclasificación de zonas amarillas consideradas degradadas y sin valor ecológico. Es el cambio de uso del suelo de mayor escala que aparece en la semana.

Un millón de bovinos adicionales sobre territorio hoy boscoso es el hecho de la semana con mayor impacto físico sobre animales y hábitat.

La Resolución 655/2026 actualizó el Plan Nacional de Control Integrado y Erradicación de la Garrapata del bovino, con tres categorías de zona —resguardo sanitario, erradicación y control poblacional con monitoreo voluntario— y clasificación de establecimientos por estatus y cumplimiento del plan de saneamiento.

Incorpora control biológico y biotipos con resistencia natural al parásito, y vuelve obligatorios los bioensayos garrapaticidas en todo establecimiento con detecciones en tropas, en tránsito o en destino, y en focos crónicos.

Define qué tratamientos antiparasitarios se aplican, con qué frecuencia y bajo qué control en la ganadería del norte argentino.

El Decreto 689/2026 modificó la reglamentación de la Ley de Tránsito para actualizar pesos y dimensiones máximas de los vehículos de carga, con foco en bitrenes y GNC: hasta 31,25 metros para la configuración B3 y ampliación de la red vial habilitada.

La nota enlaza explícitamente el cambio con el transporte de animales vivos. También se faculta a la Secretaría de Transporte a dictar futuras actualizaciones de forma más ágil.

Camiones más largos por más rutas significan viajes más grandes de animales vivos, con menos control parlamentario sobre las condiciones.

El Gobierno multó con más de 2.700 millones de pesos a los buques Bao Feng y Bao Win, de capitales chinos, por operar dentro de la Zona Económica Exclusiva; la infracción se probó con la plataforma satelital Skylight, sin abordajes.

La sanción se aplicó bajo la Disposición 20/2026, impulsada por el subsecretario de Pesca Juan Antonio López Cazorla. Su alcance es limitado: los buques pueden seguir pescando más allá de la milla 201 y la ley argentina no puede incautarlos ni prohibirles navegar.

Es el único caso de la semana en que el Estado sanciona la captura masiva de animales, y el propio texto admite que la multa se absorbe como costo operativo.